La consternación por la crisis desatada en el sur del departamento ha cruzado otras fronteras, como lo pusiera de manifiesto el Ilustre Colegio de Abogados del Perú (ICAP) Cusco representando por su presidente del concejo de fiscalización, Julio Quintanilla Loayza, quien luego de constatar insitu los estragos de la huelga anti minera, se sumó a la causa que persiguen los pueblos aymaras.
Acompañado del decano del colegio de abogados de Puno, Lino AranzamendiNinacondor, señaló que al haber semejanza con problemática que viven los pueblos cusqueños de Acomayo, Quispicanchis, Chumbivilcas y otros con la gesta del sur de Puno, resulta razonable el levantamiento del provincias afectadas, excluyendo obviamente los últimos hechos de violencia.
Dejó en claro su posición de respaldo al paro aimara, sólo en el sentido de oponerse a las concesiones mineras que atentan contra los recursos hídricos, las actividades ganaderas y agrícolas que representan la fuente de subsistencia de miles de comuneros de las provincias de Yunguyo, Chucuito Juli, el Collao y otras.
Quintanilla Loayza considera que el problema de fondo radica en la ley de minería que en la década pasada dio las concesiones mineras con el carácter de contrato tipo ley, cuya retroactividad en la actualidad a pesar de su complicada legalidad, es susceptible de modificarse constitucionalmente.
Señaló que el ejecutivo desatendió las demandas de las provincias del sur y el pueblo aymara fue bastante paciente, por lo que cuanto antes debe resolver la crisis que se vive en la región por la mala imagen que el conflicto está generando en el mundo entero.
GARCÍA ES EL RESPONSABLE DE CRISIS
El jurista cusqueño, resaltó que las ligeras declaraciones del presidente de la República, Alan García sobre “tufillos electorales y caprichos ante los que no va a ceder”, representan una ofensa para todos los puneños, que lejos de llamar a la calma a los dirigentes aymaras, logró exacerbar los ánimos encendiendo la pradera que aun arde.
Junto al decano del colegio de abogados de Puno, Lino Aranzamendi, no le cabe duda, que existe responsabilidad por parte del Gobierno García en la crisis y disturbios desatados en la Ciudad Lacustre por los que debe responder. “con sus declaraciones no solo se ha ofendido al pueblo puneño sino que también insultó su dignidad”, refirió.
Invocó también a los parlamentarios a mediar en el conflicto y al ejecutivo que le dé la solución jurídica al conflicto para que cese el fuego en Puno y este no se traslade a otras localidades del departamento. Con lo sucedido los mencionados pueblos cusqueños propondrían la conformación de una fuerza a nivel del sur del país contra las concesiones mineras, petroleras y gacíferas.