El presidente del Frente de Defensa de Puno, Walter Aduviri, responsabilizó al gobierno de las protestas realizadas en Puno, donde se identificaron a diez infiltrados que participaron en los saqueos y daños a la Contraloría, la Sunat y Aduanas y la Gobernación, con facilidad similar a la que propició los desmanes registrados durante la Marcha de los Cuatro Suyos en el año 2000.
Aduviri informó que los infiltrados fueron capturados por los manifestantes y entregados a la Policía, dejando constancia que no eran integrantes del Frente de Defensa de las provincias del sur de Puno. “Los provocadores le prendieron fuego a los enseres de la Sunat, la Contraloría y los almacenes de Aduanas, para culparnos a nosotros”, dijo.
Los actos de vandalismo en Puno hicieron recordar la infiltración de elementos del Servicio de Inteligencia Nacional en la Marcha de los Cuatro Suyos del año 2000, realizada por diversas organizaciones democráticas contra la ilegal segunda reelección del dictador Fujimori.
En esa oportunidad, varios infiltrados del Servicio de Inteligencia Nacional incendiaron el Banco de la Nación, donde provocaron la muerte de seis vigilantes cuando la ciudad había sido privada de resguardo policial. En junio de 2008, el Ministerio Público pidió 30 años de prisión para el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, quien según el dictamen fiscal planificó una serie de saqueos e incendios en la capital para culpar a los manifestantes que marchaban pacíficamente por el retorno a la democracia.
Ruptura del diálogo
Aduviri explicó que la ruptura del diálogo entre el gobierno y los representantes puneños se produjo a las dos de la madrugada del jueves 26 en el cuartel Bolognesi de Juliaca. “En ese momento, la policía abandonó sospechosamente la vigilancia de las calles, entidades y negocios de Puno al retirarse a sus comisarías de Cota, de la Plaza de Armas y de la avenida El Sol”, reveló.
Añadió que los viceministros de la Comisión de Alto Nivel que participaron en las negociaciones con los miembros del Frente de Defensa de Puno dijeron que no tenían capacidad de dar solución a los pedidos de los pobladores y que solo habían venido a garantizar la intangibilidad del cerro Apu Kaphia, porque es considerado por los campesinos como un lugar sagrado donde realizan sus “pagos” a la tierra.
Alberto Quintanilla
El presidente del Movimiento Democrático Regional de Puno, Alberto Quintanilla, informó que cerca de 18 mil moradores de las provincias de Yunguyo y Chucuito exigen la derogatoria del Decreto Supremo 083-2007, que autoriza una concesión minera a favor de la minera canadiense Santa Ana (Bear Creek Mining Company), en el sur de Puno.
El dirigente puneño también reveló que los saqueos y actos de vandalismo fueron provocados por infiltrados desde las tres de tarde en el centro de la ciudad de Puno, que estaba sospechosamente sin resguardo policial. “Los provocadores asaltaron el local de la Gobernación, la Sunat, la Contraloría, varios bancos y los almacenes de Aduanas”, aseveró.
Ayer al atardecer en Juliaca hubo un cierrapuertas de bancos y centros comerciales ante el temor de nuevos actos violentos. El aeropuerto de Juliaca fue ocupado por el Ejército, pese a que los pobladores de las provincias de Yunguyo y Chucuito retornaron a sus comunidades campesinas.
El jefe de la Policía de Juliaca, coronel PNP Enrique Dávila Ordóñez, confirmó el cese de dichas protestas. Al respecto, el sacerdote Luis Zambrano de la parroquia Pueblo de Dios en Puno, dijo que los campesinos del Frente de Defensa son gente de paz y pidió al gobierno atender a sus demandas.
En Lima una delegación de representantes de Puno pidió al presidente Alan García la pronta solución de las demandas de la población de Juliaca que pide la suspensión del proyecto minero Santa Ana, el cual es una amenaza de contaminación del medio ambiente en la zona.
Alberto Quintanilla informó que el presidente del Gobierno Regional de Puno, Mauricio Rodríguez, y varios dirigentes campesinos viajaron a Lima para entablar un diálogo con el gobierno central, para evitar que las protestas se reinicien este lunes.
“Los campesinos se retiraron a sus comunidades para abastecerse, pero si el presidente no atiende a sus reclamos pueden reiniciar sus protestas el lunes”, dijo, mientras en Yunguyo el dirigente Ernesto Bazán anunció una tregua de 48 horas.
En Lima, el ministro de Economía, Ismael Benavides, culpó de los disturbios a los dirigentes de la protesta que mantiene cerrada la frontera con Bolivia desde el 9 de mayo y anunció procesos penales contra ellos.
Llamil Vásquez
Redacción